Por Roberto Pérez
SANTIAGO.- La familia Ferreras que mantiene una litis con el Alcalde de Santiago Gilberto Serulle por la propiedad de unos terrenos denunció funcionario intenta que Concejo Municipal anule las Resoluciones emitidas en la administración de José enrique Sued referentes al caso.
Se trata de dos Resoluciones en las que la Alcaldía reconoció los derechos de propiedad de la Familia Ferraras sobre los terrenos donde Serulle construyó de manera ilegal y sobre los cuales la Justicia de Santiago ya ha emitido dos sentencias en contra del Alcalde.
En un documento enviado a la prensa, la familia Ferreras explica que al desconocer esas Resoluciones emitidas y ejecutadas en la administración pasada, Serulle y el Consultor Jurídico buscan reducir la propiedad de los terrenos de la Familia Ferreras a un contrato de arrendamiento.
Advirtieron a los regidores sobre la ilegalidad de las acciones que promueve el Alcalde de Santiago al pretender someter a la Sala Capitular su propuesta de anulación de las resoluciones cuando ya hay dos fallos de la justicia.
Denunciaron que el pasado miércoles, el día anterior a la desafortunada marcha, Serulle se reunió con Regidores de su confianza y les planteó la situación que se denunciada.
Agregan que el mismo jueves, después de la marcha, fueron convocados todos los Regidores para la sesión una sesión el próximo martes 8 del mes en curso y donde se pretende desconocer las resoluciones en discusión.
Los Abogados de la Familia Ferreras adelantaron que han elaborado un acto de alguacil que será notificado a los voceros de los diferentes bloques de los Partidos Políticos que integran el Concejo Municipal de Regidores, mediante el cual les advierten sobre las consecuencias que acarrearían tanto al Ayuntamiento como a los Regidores y al propio Alcalde el desconocer lo hecho en la administración pasada.
Explican que según Suprema Corte de Justicia, “esto atenta contra los principios de Continuidad del Estado y el de la seguridad jurídica, que son dos de los principios que sostienen el Derecho Administrativo, y el hacerlo sería una franca violación al Estado de Derecho imperante en la nación’’.
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