El movimiento “Toy Jarto” y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentaron este lunes un recurso de amparo ante al Tribunal Superior Administrativo, en el que solicitan al presidente Leonel Fernández destituir al titular de la Dirección de Persecución Contra la Corrupción (DPCA), porque alegadamente protege y está favoreciendo a la impunidad de los funcionarios corruptos.Ambas entidades piden en el escrito del amparo la destitución de Hotoniel Bonilla, alegando que el funcionario se ha dedicado a archivar los expedientes que involucran a sus colegas funcionarios del gobierno en actos de corrupción.
También señalan que el 20 de octubre pasado presentaron al presidente una “medida de interés público”, para que el mandatario aplicara las sanciones establecidas en el artículo 84 de la ley 41-08, por la negligencia manifestada por Bonilla para actuar judicialmente contra los funcionarios corruptos.
Ante la negativa del presidente Fernández de dar respuesta a la petición, estas entidades de la sociedad civil, iniciaron la acción de amparo.
“Se pidió que sea removido o destituido Hotoniel Bonilla como director del DPCA, ya que hay un sinnúmero de denuncias que no son procesadas, lo que violenta le Ley de Función Pública, que obliga a los funcionarios a salvaguardar el patrimonio público. Él no puede ser negligente”, dijo Remberto Pichardo, del movimiento Toy Jarto.
La Adocco se adhiere a la acción de amparo en calidad de “interviniente voluntario”, debido a que comulga con el pedimento que hace el movimiento Toy Jarto y otros ciudadanos de la sociedad civil.
El presidente de la entidad, Julio César Tiburcio, sostiene que Bonilla se ha dedicado a archivar los expedientes que involucran a funcionarios del Gobierno, acusados de cometer actos de corrupción.
Además, señala que el pasado 12 de agosto, el funcionario, que está llamado a combatir la corrupción estatal, archivó una denuncia que revela una serie de irregularidades cometidas en el Ministerio de Educación, atribuidas al ex ministro Melanio Paredes. Esta auditoría cubre un período que abarca a otros titulares de la cartera.
“Ordenar ese archivo lo pone en una situación de favorecer la corrupción en la República Dominicana. Por eso estamos actuando como interviniente voluntario para que el presidente proceda a destituir a Bonilla”, sostuvo Tiburcio.
Advierten que sí el Tribunal Superior Administrativo no acoge su petición, recurrirán ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que ordene al Presidente hacer cumplir la Constitución, que sanciona la negligencia de los funcionarios.
Fuente: El nuevo Diario
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