Guillermo Moreno: oposición radical a todo impuesto

Guillermo Moreno

Por Roberto Perèz

 SANTIAGO.- El presidente de Alianza País (AP), Guillermo Moreno, considera que el gobierno carece de legitimidad para imponer al país siquiera “un peso” en impuesto para cubrir con las recaudaciones un déficit fiscal que estimó en RD$120 mil millones, heredado del presidente Leonel Fernández, tras ocho años consecutivos en el poder por el mismo partido.

Sostuvo que sin reforma fiscal el gobierno de Danilo Medina puede tener incluso excedentes de ingresos, sólo con contener la corrupción y el despilfarro que según sus cálculos asciende en términos financieros hasta a un 25% del presupuesto anual del país, casi exactamente la suma del déficit.

 “Nos oponemos de manera total, radical, a cualquier forma de aumentar los impuestos.

 Este es un estado que diluye los ingresos que recibe en corrupción, en despilfarro, en altos salarios para funcionarios, en barrilitos y en nominillas. Entonces, un estado que haga tan mal uso de los recursos y de los ingresos que recibe carece de legitimidad para imponer nuevos impuestos”, subrayó. Moreno, entrevistado en Propuesta de la Noche por Digital 15, considera que este es un “viejo gobierno”, herencia del que durante ocho años consecutivos presidió su antecesor Fernández, a quien atribuyó haber usado en la campaña una parte importante de los recursos causantes de este déficit actual para que ganara Danilo. 

Dijo que un estudio de Alianza País establece que todos los ministerios pueden funcionar con dos vice ministros y directores generales por área, pero en el Ministerio de Agricultura que operaba con 36 vice ministros, el número se limitó en apariencias al máximo legal de seis, pero los otros 30 siguen recibiendo el mismo sueldo con otra clasificación, y retó a que sea mostrado el decreto que los destituye.

 “Queremos un presidente que pudiera tener la responsabilidad de decir a la población que se acabaron las nominillas, que dan lugar a que todo aquel que es miembro de un CB (comité de base) está adscrito a una Secretaría (Ministerio)”, demandó. 

Moreno agregó que es necesario también que las más de dos mil cuentas de ingresos manejadas por las instituciones estatales sean unificadas en la del Tesoro Nacional como prueba real de voluntad de austeridad, que no haya en el exterior más de dos vice cónsules y que se lance una lucha frontal contra la corrupción.

 Reconoció como positivo que Danilo ratificara su compromiso de destinar el 4% del presupuesto del año próximo a la educación, que fijara fecha a la eliminación del analfabetismo y que restringiera el uso de tarjetas de crédito a funcionarios, más no así que ratificara a más del 70% de los funcionarios designados en la gestión de Fernández, “algunos de ellos corruptos”, lo que ha dejado insatisfechas las expectativas que en ese sentido tenía la población. “Al ratificarlos, parece que el gobierno lo que hizo fue doblegarse ante el aparato de gobierno de Leonel Fernández. 

Lo mismo que la corrupción, que la sociedad esperaba señales más claras y precisas de que no habría borrón y cuenta nueva, y lo que ha habido es una ratificación o, cuanto menos, una inacción a llevar a los corruptos a recibir la sanción que corresponde”, aseveró. Moreno, quien fuera fiscal del Distrito en el primer gobierno de Fernández (1996-2000), a quien resistió el cumplimiento de una orden de libertad favorable a un imputado de corrupción, dijo que si un gobierno tiene voluntad política puede en 48 horas instruir a la Procuraduría General a dar curso a más de 300 expedientes sobre malversación de fondos públicos retenidos por el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa.

 “Si unas horas antes del cambio de gobierno, el 15 de agosto, se le dio curso (archivado) al expediente contra el senador Félix Bautista, exculpándolo de responsabilidad penal en esa instancia, entonces una primera señal (de Danilo) en la primera hora debió ser sustituir al director de ese departamento y buscar a un procurador general con la entereza, la independencia, el carácter y la integridad para perseguir la corrupción y ponerlo como titular de eso”, consideró. “Pero, qué ha pasado, le cambian el nombre a la Comisión de Ética y ratifican al titular, al doctor Marino Vinicio Castillo.

 Puede ser el doctor Marino Vinicio Castillo, después de ocho años en esa función, habiendo sido el abogado de los banqueros (la quiebra de 2003), no habiendo sido capaz de iniciar la persecución y la investigación de ninguno de los funcionarios que durante los ocho años que el fue director de esa Comisión, y a esta altura está ratificado el director del DPCA?”, recordó. 

Con relación al sometimiento por soborno del ex director de Prisiones, Mario Acosta, dijo que esa decisión fue el resultado de una investigación de la Fiscalía del Distrito Nacional, no de la DPCA ni de la Procuraduría General, cuyo titular, Radhamés Jiménez, de quien dijo se ha revelado que tuvo antes conocimiento del caso. 

El presidente de Alianza País explicó que el presidente Fernández creó el DPCA como dependencia de la Procuraduría General bajo dependencia suya como un mecanismo para manejar con propósitos políticos los casos judiciales sobre corrupción, centralizar los expedientes y decidir luego si se les daba curso o no. “Dónde se produce la investigación de Acosta, en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.

 El Departamento de Persecución de la Corrupción se crea cuando, después que siendo (yo) fiscal había hecho cinco sometimientos por actos de corrupción, por lo que había que sacar de la Fiscalía del Distrito los expedientes de corrupción y concentrarlos en un Departamento que lo controlara la Procuraduría General”, recordó.