La Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Dominicano emplazó hoy al Gobierno a asumir su responsabilidad en el fracaso de la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, flagelos que son la consecuencia de políticas públicas desacertadas y la galopante corrupción que arropa en todas las esferas a los organismos encargados de investigar y perseguir el crimen y la delincuencia.“La corrupción generalizada en todos los niveles del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana le resta calidad moral a las autoridades para enfrentar con efectividad la ola criminal que afecta al país y de la que no están exentos ni siquiera los miembros de la cúpula de los cuerpos represivos del Estado, tal como lo revela el reciente asesinato del asistente del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ante el cual las autoridades han ofrecido una versión que más parece “un cuento de camino” que el resultado de una investigación seria y basada en evidencias científicas”, expresó Alberto Tavárez, coordinador de la Comisión de Justicia del PRD.
El organismo técnico en el área legal del partido blanco denunció, asimismo, que el Presidente Leonel Fernández y el gobierno peledeísta pretenden encubrir su responsabilidad por el fracaso de sus programas Plan de Seguridad Democrática, Barrio Seguro, Ciudad Tranquila con el lanzamiento de una campaña mediática para atribuirle al Código Procesal Penal ser el causante del incremento de la delincuencia, así como la puesta en práctica de una reforma al vapor de las leyes penales utilizando su mayoría mecánica en el Congreso Nacional como forma de apaciguar el clamor popular por el incremento de la delincuencia.
“Los abogados del PRD entendemos que las reformas al Código Procesal Penal y al Código Penal deben ser el resultado de una profunda discusión nacional donde participen de manera activa todos los actores del sistema de justicia, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, y no de una decisión política oportunista del partido de Gobierno, el cual pretende hacernos creer que la fiebre está en la sábana”, manifestó Tavárez.
“Aunque favorecemos una adecuación integral de los códigos de justicia penal y procesal penal, consideramos que dicha reforma no resolverá nuestras deficiencias en materia de seguridad pública si no se adoptan medidas profundas para reducir la desigualdad social y la marginalidad, la desbordante corrupción e impunidad en la administración pública generadora de pobreza, así como el alto grado de descomposición moral en el ministerio público, la policía y los
cuerpos militares”, añadió.
Los juristas del PRD entienden que el Gobierno de Leonel Fernández ha fracasado en su lucha contra la delincuencia y la criminalidad por la ausencia de políticas de seguridad pública eficaces y por la falta de autoridad moral de un gobierno que, según consideran, se ha convertido en “el más corrupto que ha tenido el país en toda su historia”.
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