viernes, 31 de agosto de 2012

Piden a Medina no autorice nuevas bancas de lotería

Por Robinson Castro 
SANTIAGO, República Dominicana.- Catorce asociaciones de bancas de lotería del Cibao pidieron al presidente Danilo Medina la anulación de un alegado contrato del 10 de agosto que autoriza la apertura de dos mil nuevas bancas, violando la Ley 139.11.

 De acuerdo un comunicado dado a conocer este viernes, las entidades de la zona norte dicen que la administración de la Lotería Nacional viene violando sistemáticamente esa ley, promulgada el 24 de junio del 2011 y que congela la apertura de nuevas bancas de Lotería por un periodo de diez años.
 Afirman que cuando se promulgó la ley 139-11 en el país sólo había 27 mil bancas de lotería, y que en la actualidad el inventario supera las 38 mil, representado esa cifra autorizaciones ilegales de más de 11 mil nuevas bancas, ya que han sido autorizadas en un periodo de congelamiento.
 Los representantes de las asociaciones de bancas de Lotería de Santiago, Inc. y de la Región Norte, Johnny Pérez y Ramón Paulino, firmaron el comunicado a través del cual expresan la denuncia.
 Pérez y Paulino, hablando en nombre de las bancas del Cibao, dicen que debido a esa violación de la ley, se ha producido una proliferación escandalosa que gravita en contra de la imagen y credibilidad de las legitimas bancas de Lotería. 
Los denunciantes señalan que otra violación a la ley han sido las autorizaciones de 4 mil traslados, los cuales deben ser revisados cuidadamente por las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos.
 Las asociaciones de bancas dicen que como muestra de la irresponsabilidad de la Lotería Nacional, su administrador firmó un contrato el 10 de agosto, a solo 6 días del cambio de gobierno con la empresa Dreams Casinos Corporation, S.R.L, por un valor de 500 mil euros para operar 2 mil nuevas bancas de lotería.
 Los dirigentes de las bancas del Cibao solicitaron, de manera formal, la intervención del Presidente de la Republica, dado su firme convencimiento de su respeto al cumplimiento de las leyes y la transparencia del Estado, para la anulación de todos los permisos y traslados que han sido realizados de forma irregular desde la promulgación de la Ley 139-11 del 24 de Junio del 2011

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