Según el informe del Inspector General del Departamento de Justicia, el fiscal general …
Washington, 19 sep (EFE).- Una investigación del Departamento de Justicia determinó hoy que hubo "graves fallos" en la operación encubierta "Rápido y Furioso" que permitió el contrabando de unas 2.000 armas a México en 2009, pero exculpó al fiscal general, Eric Holder.
El esperado análisis del Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, recomienda acciones disciplinarias -pero no cargos penales- contra 14 empleados de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), que buscaba rastrear las armas hasta dar con los principales cabecillas del narcotráfico en México.
"No encontramos prueba de que el fiscal general Holder fue informado, antes del 31 de enero de 2011, de las tácticas de la operación 'Rápido y Furioso' usadas por ATF en la investigación (del tráfico de armas)", indicó el análisis independiente, de 512 páginas con anexos incluidos.
El informe, que se basa en más de 100.000 documentos y entrevistas a más de 130 testigos, detalla la operación, que comenzó en la oficina de ATF en Phoenix (Arizona) y permitió la compra de más de 2.000 armas con un valor de cerca de 1,5 millones de dólares.
El análisis reveló "una serie de equivocadas estrategias, tácticas, errores de juicio y fallos de gestión que se extendieron en la sede de ATF y (su oficina) en Phoenix, así como en la oficina del fiscal general en Arizona", dijo Horowitz.
Agregó que los agentes y fiscales en Phoenix y Tucson, y funcionarios de alto rango de ATF en Washington "comparten responsabilidad" por no frenar el trasiego ilegal de armas a México y "por hacerlo sin tomar en cuenta debidamente el peligro para la seguridad pública que emanaba de esta arriesgada estrategia".
El informe señala que la mayoría de las armas eran rifles AK-47 y pistolas FN Herstal calibre 5,7, y reconoce que muchas de ellas fueron recuperadas en escenas de crímenes en México y en EE.UU., incluyendo dos en el lugar donde fue asesinado, en diciembre de 2010, el agente fronterizo Brian Terry.
Fue ese caso el que destapó el escándalo que levantó ampollas entre EE.UU. y México, que ha pedido a Washington medidas contundentes para frenar el flujo de armas que nutren la "narcoviolencia" en ese país.
Tanto ATF como la Oficina del Fiscal General tienen "responsabilidad compartida" por la operación "Rápido y Furioso" y su precursora, "Wide Receiver", llevada a cabo entre 2006 y 2008, dijo el informe.
Holder dijo en un comunicado que el documento confirma que ni él ni otros altos mandos de Justicia autorizaron o estuvieron enterados de la operación.
"El liderazgo del Departamento (de Justicia) no intentó ocultar información o engañar al Congreso" sobre la operación, enfatizó Holder, quien fue acusado de "desacato" por los republicanos, la primera vez en la historia que un titular de Justicia afronta esa acusación.
Los republicanos también refirieron el asunto a los tribunales, donde no se anticipa una decisión antes de los comicios del próximo 6 de noviembre.
El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano Darrell Issa, insistió en que la Administración Obama debe "rendir cuentas", porque el informe confirma "una indiferencia casi total por la seguridad pública".
La Casa Blanca, sin embargo, encontró motivo de celebración.
"El informe de hoy afirma que el problema del tráfico de armas fue una táctica sobre el terreno que data de la Administración anterior y que fue el fiscal general de esta Administración el que le puso fin", dijo a Efe un portavoz de la Casa Blanca, Eric Schultz, quien elogió las reformas "para asegurar la rendición de cuentas y que esto no vuelva a ocurrir".
"Si los republicanos aún tienen preguntas legítimas sobre 'Rápido y Furioso', este informe de 450 páginas se las contesta.
A raíz de este informe exhaustivo y una investigación de 16 meses por parte del Congreso, los republicanos no tienen excusa para seguir desperdiciando el tiempo y recursos de los contribuyentes con ataques con motivaciones políticas y electorales", enfatizó.
El Departamento de Justicia confirmó la salida de dos de sus empleados señalados en el informe, uno por renuncia y otro por jubilación.
Otros funcionarios implicados en el diseño, aplicación o supervisión de "Rápido y Furioso" podrían recibir medidas disciplinarias, aunque Holder insistió en que, por ley, no puede revelarlas en este momento. EFE
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