martes, 30 de octubre de 2012

Destituyen jueza de Santiago por mala práctica judicial.

Por Roberto Pèrez
SANTIAGO.- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) destituyó a una jueza de Santiago, acusada de favorecer con decisiones de manera administrativa a imputados en graves crímenes, entre ellos narcotráfico y homicidio.

 Luisa Rosa García Polanco, de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito, fue declaradaculpable de la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La magistrada tomó las decisiones actuando como jueza de Atención Permanente. 
 Consideraron que resulta más que imprudente y dañina a la sociedad la conducta de la jueza procesada“al haber dictado de forma imprudente siete resoluciones de manera administrativa, mediante las cuales declaraba la inadmisibilidad de medidas de coerción, en contra de varios imputados, acusados de casos graves, entre ellos por violación a la Ley 50-88, sobre tráfico y consumo de drogas, robo calificado, asociación de malhechores, porte y tenencia de armas, uso de billetes falsos, golpes y heridas”. 
 Cita los casos de Franklin del Rosario Báez, a quien favoreció con una medida de coerción de presentación consistente en presentación periódica los días 15 y 30 de cada mes, a pesar de que está acusado de darle muerte al Jeffry Fernández Rodríguez Méndez. 
 También de la declaratoria de inadmisible a las solicitudes de medidas de coerción y disponer la libertad de Santiago de Jesús Cabrera Román, Octavio de Jesús Aracena López, José de Jesús Ceballos, Lorenzo Alberto Batista Vargas y o Darwin Emilio Muñoz Diloné, acusados de violar la Ley 50-88. 
 Asimismo, Renso Etanislao Ureña Collado, imputado de asociación de malhechores y robo calificado; Luís Manuel León, por asociación de malhechores y falsificaciones de escritura pública; Lorenzo Alberto Batista Vargas, de robo calificado, y José Miguel Rosa Polanco, acusado de violencia contra la mujer.
 El Consejo del Poder Judicial sostiene que al ordenar la puesta en libertad de todos los acusados, el 20 de marzo de 2011, “no cumplió con el deber que le imponían las disposiciones legales, lo que ha causado un gran daño a la sociedad, así como a la víctima”.

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