En gran medida, puede afirmarse que en los últimos diez años la economía mundial ha sido impactada por las fluctuaciones continuas y la volatilidad de precios de los hidrocarburos, los alimentos y los productos básicos en general.
Actualmente, en el mercado internacional, un barril de petróleo, específicamente el denominado, West Texas Intermediate, se está cotizando en torno a los 100 dólares; y la proyección es que para este año, el 2011, el precio promediará 101 dólares, o sea, un incremento de 22 dólares, respecto al precio promedio del año pasado.
La tendencia alcista estuvo registrándose desde mediados del año pasado, cobrando mayor intensidad a partir de la nueva realidad geopolítica en los países del Norte de África y el Medio Oriente, lo cual, a su vez, ha sido aprovechado por determinados grupos de inversionistas para realizar operaciones financieras especulativas en los mercados de venta de futuro.
Ese patrón de comportamiento hacia el alza de precios de los mercados de combustibles ha sido ligeramente disminuido en la última semana por los trágicos acontecimientos de Japón.
Pero, como consecuencia del proceso de recuperación, este país asiático, que ha visto sus plantas de energía nuclear afectadas, requerirá mayor uso de energía convencional, y esto, lo más probable, contribuirá a nuevos incrementos de los precios de los combustibles.
El incremento en los precios de los combustibles eleva los costos del transporte, lo cual provoca, a su vez, que se aumente el precio de otros productos, como son el de los alimentos y los pasajes de los usuarios del transporte público.
En el año 2000, el precio del petróleo promedió 30 dólares por barril. Ocho años después, es decir, en el 2008, el precio del petróleo promedió 91 dólares por barril, lo cual quiere decir, que en ese año multiplicó por 3.3 veces la media de precio del 2000.
En lo que va del 2011, el precio promedio del crudo es de 91.8 dólares, lo que multiplica ya, también, por 3 veces el precio del 2000.
Eso significa que de seguir esa tendencia, el barril de petróleo podría situarse o superar el nivel crítico de precios del 2008; y la factura petrolera podría, entonces, alcanzar o superar los 4 mil 200 millones de dólares registrados en este último año.
Como todos sabemos, esto complica los términos de la balanza comercial, presiona variables estratégicas como el tipo de cambio y crea presiones inflacionarias que siempre son indeseables.
Debemos indicar que el presupuesto nacional fue elaborado para el 2011 en base a una proyección del precio del barril de petróleo de 78 dólares, en consonancia con las proyecciones que a finales del año pasado hizo el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, las proyecciones más recientes del FMI sitúan el precio del barril de petróleo en 91 dólares, como ya dijimos.
Para el caso de la República Dominicana, por cada 10 dólares de incremento en el precio promedio del barril de petróleo, hay un incremento anual en la factura petrolera de 400 millones de dólares.
Consciente de esa situación, el Gobierno ha hecho en los últimos años un esfuerzo por modificar la situación energética nacional, y hay evidencias que indican los logros alcanzados en esa dirección.
Por ejemplo, según reportes de la Agencia de Administración de Información de Energía de los Estados Unidos y de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, en el transcurso de la década pasada, la intensidad energética de la economía dominicana se redujo en casi 40%.
Mientras en el 2000, por cada 1 mil dólares de Producto Interno Bruto generados en la economía, se consumió 1.66 barriles equivalentes de petróleo; en el 2008, ese consumo había descendido hasta 1.06.
Eso significa que en la actualidad los dominicanos somos capaces de producir lo mismo o más, con menos energía; y eso, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar en el sector, representa una mejora en la eficiencia energética.
Un cambio de alto impacto en la situación energética ha sido la modificación registrada en la matriz de generación. Mientras en el 2000, el 90.4% de la generación eléctrica dependía de combustibles derivados del petróleo, en el 2010, esa proporción se redujo casi a la mitad, es decir 46.7%, gracias al incremento de la generación basada en gas natural y carbón mineral.
El año pasado, el 42% de la generación dependía ya de gas natural y carbón. Afortunadamente, el parque de generación se ha diversificado y hoy somos menos dependientes del petróleo que diez años atrás.
Para poner en perspectiva el impacto de estos cambios, considérese que en el 2010 la generación de electricidad del sistema eléctrico nacional interconectado ascendió a 12 mil 272 millones de kilovatios-hora, para lo cual se importó combustible por valor de 798 millones de dólares.
Esa generación de energía se produjo con la actual matriz del sistema que incluye, además de fuel oíl, hidro, carbón y gas natural.
Si esa generación se hubiera hecho en base al parque que se tenía hace diez años, el costo de los combustibles habría totalizado 943 millones de dólares.
El ahorro, por consiguiente, por el cambio en la matriz de generación es alrededor de 145 millones de dólares al año.
Si ese ahorro no se estuviese produciendo, la tarifa eléctrica que debería cobrarse sería mayor aún, o el déficit y las transferencias del Gobierno al sector eléctrico serían también mayores, o ambas cosas a la vez.
Son varias las acciones y medidas que el Gobierno ha ejecutado en el marco de su plan para fomentar el ahorro y la eficiencia energética en la República Dominicana.
El Gobierno eliminó el Programa de Reducción de Apagones, PRA, creado en el 2003; un programa que se desvirtuó y se convirtió en una fuente de derroche de energía eléctrica gratuita.
En el marco del desmonte del programa previamente indicado, el subsidio al consumo de electricidad quedó focalizado.
Esto significa que el subsidio que el Gobierno otorga a los consumidores pobres de los barrios, lo están recibiendo consumidores específicos que tienen la tarjeta Solidaridad-Bonogas.
Por lo tanto, se ha eliminado el subsidio geográfico generalizado, en el que personas incluso acomodadas se beneficiaban de forma indebida de las transferencias del Gobierno.
El Gobierno puso también en marcha una campaña masiva en todo el territorio nacional de sustitución de bombillas incandescentes o de alto consumo de energía, por bombillas fluorescentes, las cuales ahorran el consumo de electricidad.
Fueron distribuidas y cambiadas 10 millones de dichas bombillas, beneficiando a unos 850 mil hogares. En buena medida, puede decirse que, gracias a ello, la mayoría de las bombillas que se encienden en las viviendas, empresas, oficinas públicas y el alumbrado de las calles, son de bajo consumo, restando presiones marginales a la demanda nacional de electricidad.
Además, el Gobierno puso en marcha un programa de eficiencia energética en los semáforos de los principales cascos urbanos del país, especialmente, en el Gran Santo Domingo y Santiago.
En el caso del Distrito Nacional, de manera específica, al 75% de los semáforos existentes se les ha cambiado las bombillas halógenas por tecnología LED, con lo cual se ha reducido el consumo de electricidad en un 90% en esas intersecciones intervenidas.
Con miras a impulsar el ahorro de energía y prevenir el fraude eléctrico, las empresas distribuidoras de electricidad han realizado inversiones e implementado sistemas de tele medición aplicados a grandes clientes, logrando en tiempo real un control del consumo y previniendo costosas prácticas fraudulentas.
En la actualidad, está en proceso de instalación, en Juancho-Los Cocos, Pedernales, un parque con capacidad de 33 megas de energía eólica, el cual se proyecta entrar en operación en junio de este año.
A esto se sumará otro parque eólico con 30 megas de capacidad, que se instalará en Matafongo, Peravia, y que entraría en servicio en diciembre de este año.
Asimismo, entrarán al sistema, a principios del año 2012, 50 megas del Parque Eólico de Guanillo, en la provincia de Montecristi.
Con esto, el sistema eléctrico nacional interconectado contaría con una capacidad instalada de 113 megas de energía eólica, aportando así a la independencia energética de los combustibles fósiles importados, elevando la diversificación del parque de generación de electricidad.
Con la operación de estos parques de generación eólica, la República Dominicana estará entrando de lleno en un selecto grupo de países que producen energía verde, basada en el aprovechamiento de un recurso renovable, o sea, el viento. Pero no solamente el Gobierno ha actuado para promover el ahorro y la eficiencia energética en el consumo de electricidad. También lo ha hecho en el sector transporte, donde hemos estado impulsando el desarrollo de infraestructuras y capacidad de gestión del transporte público masivo.
En este contexto, como es de todos sabido, se puso en operación la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, y actualmente se construye la Línea 2.
Un estudio llevado a cabo por la firma FG CONSULTORES, de Costa Rica, señala que gracias a la línea actualmente en operación, el monto total estimado de ahorros, anualmente, asciende a 6 mil 856 millones de pesos.
Por otra parte, estamos desarrollando otras infraestructuras asociadas al transporte, como son, por ejemplo, los elevados y pasos a desnivel del Corredor Duarte.
En las avenidas y calles que desembocan en las ocho intersecciones viales que integran el proyecto, circulan diariamente unos 996 mil vehículos.
Si suponemos, de manera muy conservadora, el beneficio de reducir en únicamente tres minutos los retrasos de un 30% de los automotores que circulan por las intersecciones del Corredor Duarte, estaríamos economizando anualmente unos 24.8 millones de galones de combustible, equivalente a un poco más de 590 mil barriles durante el primer año de operación.
Además, está en construcción el túnel de conexión Norte-Sur, entre las avenidas 27 de Febrero y José Contreras, y están en etapa de planificación la construcción de otras infraestructuras similares.
Para valorar estos cambios, es preciso que tratemos de imaginarnos como sería el impacto del alza de los precios del petróleo si no fuera por la baja registrada en la intensidad energética de la economía dominicana y por la modificación registrada en la matriz de generación, gracias, en gran medida, a los esfuerzos y acciones impulsados desde el Gobierno.
De seguro que las tensiones serían mucho más intensas y los efectos en el costo de la energía más dramáticos.
En suma, en el transcurso de estos últimos diez años, la crisis de los precios del petróleo ha sido una constante, con las naturales tensiones económicas, sociales y políticas que acarrea.
Por fortuna, sin embargo, debido a la diversificación del uso de tipos de combustibles, como he indicado, se ha contribuido, de alguna manera, a aliviar la dependencia del suministro de petróleo, en los términos en que ocurría diez años atrás.
Pero, además del petróleo, también esta vez, como ya he dicho, nos está afectando la crisis de precio de los alimentos.
En el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, correspondiente al mes de febrero, se muestra que el índice de precios de los alimentos continuó su tendencia alcista, sumando un comportamiento sostenido de 8 meses consecutivos.
Así, en febrero pasado, el Índice-FAO se situó en 207.6, un 12.4% más alto que el nivel-pico registrado en el 2008, que fue de 184.7.
Es importante destacar que este índice está fuertemente influenciado por las variaciones de precios de productos alimentarios de cuyas importaciones la economía dominicana es altamente dependiente, como son los cereales, el maíz, el trigo, los lácteos, los aceites y las carnes.
En todos estos casos, el índice de precios está por encima de los niveles-pico registrados en el 2008, cuando la crisis alimentaria se esparció por todo el planeta.
La crisis de los precios de los combustibles y de los alimentos se ha tornado en una situación cíclica. Cada cierto tiempo, por razones diversas, y muy especialmente, por factores de especulación en los mercados internacionales de futuro, somos sometidos al asedio implacable de la espiral inflacionaria derivada de estos productos.
En cada caso, en coyunturas similares, nos hemos propuesto planes y acciones que han sido puestos en ejecución y que han dado resultado, tanto para el mercado de combustibles como para el suministro de alimentos a la población a precios razonables.
Ante la actual situación, se impone de nuevo adoptar un conjunto de medidas orientadas a proteger a la sociedad dominicana de las inclemencias suscitadas por la nueva crisis internacional de los precios del petróleo y de los alimentos.
Reconocemos que cualquier esfuerzo de la sociedad dominicana tiene que iniciarse por el propio Gobierno, por lo cual, estoy instruyendo al Ministerio de Hacienda a que reduzca el gasto del Gobierno en un 12%, exceptuando de esa medida a los Ministerios de Educación y Salud, así como a los programas de protección social.
Con el propósito de generar un ambiente de austeridad, anuncio que durante este año no se dará inicio a la construcción de nuevas obras, y el Gobierno sólo se concentrará en terminar las ya iniciadas.
En adición, estoy instruyendo para que se eliminen durante un año todas las exoneraciones de ITEBIs y de impuestos de aduanas a las instituciones gubernamentales, tanto a las autónomas, como a las descentralizadas.
De igual manera, estoy instruyendo al Ministerio de Hacienda para que centralice la evaluación y aprobación de todas las exenciones aprobadas en leyes y resoluciones del Congreso Nacional.
Para enfrentar los problemas derivados del incremento de los precios del petróleo, estoy instruyendo a la Dirección General de Compras y Contrataciones a que, en coordinación con la Comisión Nacional de Energía, aplique con carácter inmediato e irrevocable las siguientes medidas:
Primero: Incluir dentro del pliego para la adjudicación de contratos de adquisición de equipos consumidores y/o transformadores de energía, el requerimiento de la eficiencia energética del equipo ofertado, en adición a las consideraciones de oferta económica más ventajosa;
Segundo: Incluir en los pliegos de prescripciones técnicas para las contrataciones de construcción de obras, modificación y/o reparación de edificios del Gobierno, un conjunto de especificaciones dirigidas a fijar un nivel mínimo de eficiencia energética en la obra contratada;
Y tercero: Incluir dentro del pliego para adjudicación de contrato para la adquisición de vehículos, el requerimiento de la eficiencia energética del vehículo ofertado, en adición a las consideraciones de oferta económica más ventajosa.
Adicionalmente, estamos creando la figura del Gestor Energético en cada uno de los edificios de las oficinas gubernamentales, el cual tendrá como función realizar un seguimiento de consumo mensual del edificio y velar por la puesta en marcha de un programa de ahorro y conservación de energía siguiendo las directrices de la Comisión Nacional de Energía.
El Gobierno establece, para el periodo de un año, la meta de lograr un ahorro energético mínimo en todos los edificios públicos de un 10%, para lo cual cada institución pública deberá poner en marcha un conjunto de medidas de ahorro en coordinación con la Comisión Nacional de Energía, la cual deberá informar trimestralmente a la Presidencia de la República sobre los avances en el cumplimiento de la meta planteada.
Para apoyar la consecución del objetivo anterior, estoy autorizando al Ministerio de Hacienda a descontar automáticamente a todas las instituciones públicas, autónomas y descentralizadas, el pago de la factura eléctrica a la CDEEE, como forma de racionalizar el uso de la energía.
Por otro lado, el Gobierno, también, pondrá en marcha un programa de fomento de la eficiencia energética en el sector industrial.
Ese programa incluirá el desarrollo de actividades de difusión y oferta de servicio gratuito de pre-diagnóstico, auditoría energética y diseño de proyectos de eficiencia a un grupo de industrias que sean usuarias reguladas del sistema eléctrico nacional interconectado.
Las empresas beneficiarias serán seleccionadas por el Consejo Nacional de Competitividad y la Comisión Nacional de Energía, en coordinación con la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la Región Norte.
El servicio ofrecido incluirá, además, la supervisión de la ejecución de proyectos de eficiencia energética a un grupo piloto de industrias o empresas.
El propósito buscado con la aplicación de este programa es impulsar el ahorro y uso eficiente de la energía en este sector vital para la economía nacional, a la vez que promover la competitividad de la producción nacional.
Por otro lado, en vista del incremento en los precios internacionales de los combustibles a nivel internacional, el Gobierno dominicano ha recibido varias ofertas del sector privado, para financiar el cambio de la matriz del consumo de combustible diesel hacia gas natural.
Estas propuestas han sido avaladas por varios sindicatos y federaciones de transportistas que habían solicitado al Gobierno la modernización de la flota de transporte o el financiamiento del kit o equipo requerido para convertir a gas natural el consumo de los vehículos que actualmente usan como combustibles gas licuado de petróleo, GLP, o diesel.
El proyecto de conversión a gas natural de, por lo menos, 20 mil vehículos del transporte público, que actualmente utilizan GLP como combustible generará un ahorro de 553 millones de pesos anuales por concepto de eliminación del programa Bonogas.
De igual manera, se producirá una reducción de la factura petrolera del país de alrededor de 25 millones de dólares anuales, debido a la conversión de las unidades de transporte.
Por su parte, los transportistas tendrán un ahorro promedio en el uso de combustibles de 8 mil 466 pesos mensuales cada uno, equivalentes a 2 mil 031 millones de pesos anuales para los 20 mil transportistas.
Para poner en ejecución el referido programa, se hará uso de tecnologías innovadoras, como es el caso de las tarjetas inteligentes, a los fines de facilitar la labor de servicios y la recuperación del costo por el cambio en el tipo de combustible de la flota de transporte público.
El financiamiento de esta conversión se hará a través de un sobrecargo en el precio de venta del galón de gas natural.
El programa de conversión de la flota de transporte público a gas natural será gradual y se estima que tome como mínimo seis meses, y requiere también la ampliación del número de estaciones que ofertan ese tipo de combustible al público.
En ese sentido, estoy instruyendo al Ministerio de Industria y Comercio y al de Medio Ambiente, para otorgar las facilidades, a los fines de conceder las licencias para la instalación de estaciones adecuadas para la venta de gas natural, cumpliendo con la Ley 57-07 del Incentivo a las Energías Renovables; la Ley 112-00 Sobre Electricidad; la Ley 57-07 de la Norma para las Energías Renovables; la Resolución No. 01-08 del Ministerio de Industria y Comercio; y el Decreto No. 202-08 de la Autoridad Ejecutiva.
La idea es que podamos establecer en el país, por lo menos, cuatro grandes corredores con estaciones de servicio de gas natural, desde Santo Domingo hacia las regiones Este, Norte, Sur y Suroeste, para de esa manera cumplir con el Decreto No. 264 del 22 de mayo de 2007, mediante el cual declarábamos de alta prioridad nacional el uso del gas natural en la República Dominicana.
Frente a la necesidad de ahorrar combustible estoy emitiendo un decreto que obliga:
Primero: a las unidades de transporte urbano, interurbano y de carga, a trabajar de manera interdiaria.
Esta medida, en el caso del transporte interurbano de pasajeros, ya se está aplicando en diferentes regiones del país, con excelentes resultados económicos para sus operadores, como son los casos del Sindicato de la Romana; el Sindicato de Choferes de Minibuses de Barahona; el Sindicato de Transportistas Higuey-Romana; el Sindicato San Juan-Santo Domingo; Las Matas de Farfán-Santo Domingo; y San Juan-Las Matas-Elías Piña, entre otras.
Segundo: a congelar el número de unidades de transporte urbano e interurbano de pasajeros, y de carga, en todo el territorio nacional, a las actualmente registradas mediante contratos de operación al 31 de diciembre de 2010 en la OTTT y AMET.
Tercero: a desmontar las tarjetas de Bonogas emitidas, en la medida en que se produzca la conversión del vehículo a gas natural o el cambio de la flota por unidades nuevas que consuman ese tipo de combustible.
Cuarto: aprobar transitoriamente, por un periodo de seis meses, durante el proceso de conversión a gas natural de la flota de transporte público de pasajeros, la emisión de una tarjeta Bonodiesel, tomando como precio de referencia 170 pesos el galón de gasoil.
El valor de este Bonodiesel cubrirá el precio del incremento del gasoil que se produzca desde 170 hasta 190 pesos el galón.
Como parte de estas disposiciones, los transportistas se comprometen a congelar los precios de la tarifa de transporte de pasajeros mientras esté vigente la aplicación del Bonodiesel y el Gobierno inicie el proceso de transformación de la flota de vehículos para convertirla a gas natural.
Se declara de interés nacional la modernización y colectivización del transporte público urbano e interurbano en el país, así como la logística y modernización del transporte de carga, para dignificar y proveer de seguridad económica y social, tanto a los operadores como a los usuarios de estos servicios.
Por otra parte, el Gobierno está consciente de su responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición de la población dominicana, especialmente de la más pobre y vulnerable, con prioridad en la niñez, las mujeres embarazadas o lactantes y los envejecientes.
En la República Dominicana tenemos la fortuna de contar con un sector agropecuario con una estructura productiva robusta, capaz de satisfacer el 80% de la demanda nacional de alimentos.
El Gobierno reforzará sus políticas de apoyo e incentivos directos y gratuitos a los productores nacionales, especialmente a los pequeños y medianos, encaminadas a impulsar la producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria.
Estas acciones incluyen, principalmente, la preparación de tierras, distribución de material de siembra, distribución de fertilizantes y pesticidas para el control y erradicación de plagas y enfermedades, asistencia técnica y apoyo en la comercialización de productos sensibles.
Dado el potencial de la estructura productiva agropecuaria del país, el Ministerio de Agricultura incorporará a la producción competitiva más de 30 mil medianos y pequeños productores con nuevas tecnologías a fin de aumentar la capacidad productiva nacional.
En adición a las políticas agropecuarias convencionales, para enfrentar la presente coyuntura, el Gobierno fortalecerá la red de protección social de los más vulnerables, mejorando su acceso a los alimentos a precios razonables, mediante la venta directa en un Programa Nacional de Plazas Agropecuarias, que ya se ha iniciado.
Para este propósito, el territorio nacional será dividido en tres grandes zonas:
1.- Distrito Nacional y las provincias del Cibao, del Norte y del Noroeste, a ser suplidas por el Ministerio de Agricultura;
2.- Las provincias del Este, por el Instituto Nacional de Control de Precios, INESPRE y;
3.- Las provincias del Sur, por los Comedores Económicos.
Se instalarán 800 plazas agropecuarias en las zonas mencionadas que beneficiarán a 640 mil familias y a 8 mil productores, generándose más de 22 mil empleos directos e indirectos.
El Ministerio de Agricultura pondrá a disposición de las personas que acudan a las plazas un conjunto de productos alimenticios, integrados por 50 plátanos, 1 cartón de huevos, 2 libras de batatas, 2 libras de zanahorias, 21 libras de arroz, 2 libras de habichuelas, 2 litros de leche, 15 libras de papas, 6 libras de espaguetis, 1 libra de ajo, 1 repollo y 20 libras de yuca.
Este paquete, que representa el consumo estimado de una semana para una familia de 8 miembros, tendrá un costo de 1mil 248 pesos, el cual, comparado con el precio a que se obtendría en un supermercado, representa un ahorro de 977 pesos.
En alianza estratégica con el Plan Social de la Presidencia, el Ministerio de Salud Pública se propone ampliar a 150 mil el número de embarazadas a ser beneficiadas con insumos para la nutrición.
Esa iniciativa será extensiva a los niños y niñas menores de cinco años que lo requieran.
Los kits de alimentos que actualmente se distribuyen contienen:
Harina de maíz y trigo fortificados con hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B;
Avena fortificada con vitamina A, hierro y calcio;
Leche, margarina y aceite de soya.
Estos kits de alimentos son entregados a embarazadas de 43 comunidades, ubicadas en zonas urbano-marginales y rurales de extrema pobreza.
No cabe duda, que las crisis geopolíticas, económicas, sociales, energéticas o medioambientales que cada vez ocurren con mayor frecuencia en el plano internacional, están teniendo un mayor impacto en el diario vivir de nuestra sociedad.
Eso nos obliga a crear lazos más estrechos de colaboración entre los distintos sectores nacionales, a los fines de actuar unidos frente a los nuevos desafíos suscitados por los cambios, generalmente inesperados, que se presentan en el plano global.
En la República Dominicana, afortunadamente, hemos podido siempre salir airosos de los distintos retos que se nos han presentado a lo largo del tiempo; y estoy convencido que una vez más, con la protección de Dios, los esfuerzos del Gobierno, la capacidad creativa de nuestra población, su disposición al trabajo y su fe infinita en un mejor porvenir, sabremos sobreponernos a las distintas turbulencias que, en diferentes partes del mundo, hoy azotan al género humano.
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